Actuacion policial adecuada y proporcionada

Actuacion policial adecuada y proporcionada

Última actualización de en David Padrón

Categorías: Derecho Penal

Sentencia Nº: 850/06
Fecha: 12/07/2006
Recurso Nº: 1757/05
Ponente: Juan Saavedra Ruiz

Eximente completa de cumplimiento de deber. Actuación policial adecuada y proporcionada.

PRIMERO.- El primero de los motivos, formalizado por la vía de la infracción de ley que prevé el artículo 849.1º de la LECrim, es puesto en relación con el artículo 20.7ª del Código Penal, entendiendo el Abogado del Estado recurrente que la condena del Policía Nacional Sr. Mayordomo Cava como autor de una falta de lesiones del artículo 617.1º del CP, con la agravante de abuso de superioridad, y la subsiguiente responsabilidad civil subsidiaria para la Administración del Estado resultan improcedentes, toda vez que la Sala de instancia hubo de declarar a aquél totalmente exento de responsabilidad penal, por concurrir en su comportamiento la circunstancia eximente de obrar en cumplimiento de un deber.

Como recuerda la STS nº 1.401/2.005, mencionando a su vez la STS nº 17/2.003, con cita de otras muchas anteriores, conocidos son los requisitos que esta Sala viene exigiendo para la aplicación de la eximente de cumplimiento del deber cuando se trata de la actuación de un agente de la autoridad, que tiene no sólo la facultad, sino también el deber de actuar en el ejercicio de su cargo utilizando -si resultan necesarios- medios violentos, e incluso las armas reglamentariamente asignadas, en su misión de garantizar el orden jurídico y de servir a la paz colectiva “con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello depende evitar un daño grave, inmediato e irreparable”, pero al mismo tiempo “rigiéndose por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad”, como dice el apartado c) del Artículo Quinto, apartado 2, de la L.O. 2/86, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (dictada en cumplimiento del artículo 104.2 de la Constitución), al regular las “Relaciones con la comunidad”, y cuyo apartado d) concreta que "solamente deberán utilizar las armas en situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior". Todo ello responde al mandato del artículo 104 CE y se halla inspirado en las líneas marcadas por la "Declaración de la Policía", hecha por el Consejo de Europa de 8-5-79, y por el "Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley", aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17-12-79. Conforme a tales normas y directrices, en estos casos, para la aplicación de la eximente de cumplimiento del deber es necesario que concurran los requisitos siguientes: 1º) Que el sujeto activo sea una autoridad o funcionario público autorizado por las disposiciones correspondientes a hacer uso de medios violentos en el ejercicio de los deberes de su cargo; 2º) Que el posible delito se haya producido en el ejercicio de las funciones del cargo correspondiente; 3º) Que para el cumplimiento del deber concreto en cuyo ámbito se está desarrollando su actividad le sea necesario hacer uso de la violencia (necesidad en abstracto), porque, sin tal violencia, no le fuera posible cumplir con la obligación que en ese momento le incumbe. Si falta cualquiera de esos tres primeros requisitos, que constituyen la esencia de esta eximente, no cabe su aplicación, ni siquiera como eximente incompleta; 4º) Que la violencia concreta utilizada sea la menor posible para la finalidad pretendida, esto es, por un lado, que se utilice el medio menos peligroso y, por otro, que ese medio se use del modo menos lesivo posible, todo ello medido con criterios de orden relativo, es decir, teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso, entre ellas las posibilidades de actuación de que dispusiere el agente de la autoridad (necesidad en concreto); y 5º) Proporcionalidad de la violencia utilizada en relación con la situación que origina la intervención de la fuerza pública.

Para examinar esta cuestión, hemos de partir de la invariable redacción fáctica ofrecida en la sentencia que se impugna. Tras situar los hechos en el seno de un encuentro deportivo, se declara probado que la seguridad del evento había sido encomendada a la Policía Nacional, asumiendo a su vez el Sr. Mayordomo Cava, en tanto que Inspector del C.N.P., las labores de coordinación de las fuerzas del orden público. Finalizado el encuentro, a las puertas del estadio pero ya en su exterior se produjo una primera discusión entre varios aficionados de ambos equipos, lo que llevó al recurrente -que no se encontraba uniformado ni provisto de insignias identificativas- a tomar la defensa reglamentaria de uno de los policías y, portando la misma, dirigirse en una primera ocasión hacia dos de los aficionados. No se relata en los hechos que el agente llegara a golpearlos, sino, por el contrario, que, ante la actitud amenazante de este policía, uno de los aficionados le agarró por la pechera de la camisa, llegando a desgarrársela, mientras el otro le sujetaba por la espalda, produciéndose entonces diversos empujones entre los tres contendientes que llevaron al vigilante de seguridad a intervenir para poner fin a la situación, intervención que acabó con la detención de uno de los seguidores y que será examinada en el siguiente recurso de casación.

El “factum” refiere asimismo, en sus apartados quinto y sexto, que un grupo de aficionados -entre los que nuevamente se encontraba este individuo que no había sido detenido- se encaramaron reiteradamente a una de las puertas del estadio, subiéndose a los barrotes metálicos e increpando a los agentes policiales y a los vigilantes de seguridad que se encontraban en su interior con insultos como “asesinos, etarras e hijos de puta”, llegando incluso a arrojarles piedras y botellas de vidrio por encima del cercado, si bien sin llegar a ocasionarles lesiones. También se relata que, dado que transcurría el tiempo y que los alborotadores no deponían su actitud, el Inspector dio orden a sus agentes para que, provistos todos ellos de los oportunos mecanismos de protección y de las defensas reglamentarias, disolvieran el grupo, para lo cual dirigió él mismo el grupo policial y, como quiera que el sujeto con el que ya había tenido el anterior enfrentamiento les arrojó una piedra y salió corriendo hasta caer al suelo, desde donde no mostró disposición de dejarse detener, es por lo que fue golpeado con las defensas por el Sr. Mayordomo y por otros dos agentes para vencer su resistencia, resultando policontusionado en espalda, codos y piernas, así como con hematomas en glúteo y muslo izquierdo, lesiones en todo caso constitutivas de falta de las que no resultaron secuelas y por las que el policía ha sido condenado en concepto de autor.

Ninguna duda cabe de que, para sopesar la legitimidad o ausencia de la misma en la intervención policial, todos estos hechos han de ser valorados en su conjunto, y no aisladamente. Resulta patente que, en el decurso de los incidentes y pese a encontrarse vestido “de paisano”, el Sr. Mayordomo Cava se encontraba de servicio, en su condición de miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, precisamente -señalan los hechos- como Inspector del C.N.P. encargado de la coordinación de la seguridad y, por lo tanto, habilitado para tomar las decisiones necesarias para garantizar el orden. Con independencia de este dato, que hubo de ser conocido por los alborotadores a medida que iban sucediéndose los acontecimientos, objetivamente resulta innegable que no sólo le incumbía el deber general de coordinación que se señala, sino también el más básico de la intervención activa que a todos estos profesionales les viene impuesta, dado el caso, por el Artículo Quinto, apartado 4, de la L.O. 2/86, sobre la “Dedicación profesional”, cuando dispone que “deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana”. Al valorar la prueba, la sentencia de instancia considera que, siendo su cometido esencial la citada labor de coordinación, el Inspector se encontraba legitimado para dar instrucciones a los restantes agentes personados y ordenar incluso la carga policial contra los aficionados, amparada por el artículo 5.2.c) de la L.O. 2/86, como efectivamente hizo, pero entiende que no lo estaba, en cambio, para actuar contra el aficionado al que golpeó. No obstante, de la narración fáctica ha de extraerse diferente criterio de subsunción, pues lo cierto es que, impactara o no la piedra arrojada por este aficionado contra los agentes actuantes, en la violencia empleada por el Inspector para aplacar aquella conducta concurren las notas de necesidad -en abstracto y en concreto- y de proporcionalidad requeridas por esta Sala, dado que el comportamiento de este sujeto, unido a los que anteriormente había venido desarrollando, denotan una persistente y peligrosa conducta de alteración del orden público que puso en riesgo la seguridad de los presentes. Por otro lado, las policontusiones causadas son calificadas por la propia Sala de instancia como constitutivas de falta, de lo que se desprende que la violencia empleada por los agentes en la reducción no puede considerarse extralimitada.

En el acometimiento del Inspector concurren, en definitiva, los requisitos que justifican su intervención bajo el debido cumplimiento de la función legalmente conferida. Ello conlleva la estimación del motivo en toda su extensión y conduce a considerarlo exento de responsabilidad penal por estos hechos. Debe declararse, igualmente, la ausencia de responsabilidad civil subsidiaria para la Administración del Estado.

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