Vigilante de Seguridad.Adecuada y proporcionada

Vigilante de Seguridad.Adecuada y proporcionada

Última actualización de en David Padrón

Categorías: Derecho Penal

Sentencia Nº: 850/06
Fecha: 12/07/2006
Ponente: Juan Saavedra Ruiz
Recurso Nº: 1757/05


Eximente completa de cumplimiento de deber. Actuación de Vigilante de Seguriad adecuada y proporcionada.


SEGUNDO.- De modo semejante a lo expuesto en el anterior recurso, el tercero de los motivos que alega este recurrente, también al amparo del artículo 849.1º de la LECrim, cuestiona la indebida falta de aplicación a la conducta que se le atribuye de las causas de justificación legalmente previstas en las circunstancias 4ª, 5ª y 7ª del artículo 20 del Código Penal, a saber, las eximentes completas de legítima defensa, de estado de necesidad y de obrar en cumplimiento de un deber. Ha de adelantarse que es esta última causa de justificación la que resulta relevante a los fines interesados por el recurrente.

La Ley 23/1.992, de 30 de Julio, de Seguridad Privada -puntualmente modificada por el Real Decreto-Ley 2/1.999, de 29 de Enero, por la Ley 14/2.000, de 29 de Diciembre, y por la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, y desarrollada reglamentariamente por los RR. DD. nº 2.364/1.994 y nº 2.487/1.998- vino a regular la situación de los servicios privados que, siendo una realidad en nuestro entorno desde el año 1.974, han venido actuando como complemento de la seguridad pública, materia en principio atribuida en régimen de monopolio a los sistemas públicos por la Constitución. Por tal razón, estas empresas privadas desempeñan sus funciones de forma subordinada respecto de las fuerzas de orden público. La Ley 23/92 dedica específicamente a la figura de los vigilantes de seguridad la Sección Segunda del Capítulo Tercero, detallando entre sus competencias -artículo 11, apartados a) y c)- las de “ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos” y de “evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección”. Para el legítimo desempeño de sus funciones, es igualmente exigible, según preceptúa el artículo 12, que los vigilantes se encuentren integrados en empresas de seguridad, que vistan el oportuno uniforme identificador y que ostenten el distintivo del cargo que ocupen, debidamente aprobado por el Ministerio del Interior y en todo caso diferente y no confundible con los habitualmente empleados por las Fuerzas Armadas y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como lógica consecuencia de todo ello, hemos de entender que estas funciones de seguridad, legalmente conferidas a los vigilantes privados, hacen posible extender los efectos de la causa de justificación por cumplimiento del deber o ejercicio legítimo de un oficio o cargo cuando concurran estos presupuestos y los estudiados en el fundamento precedente.

Por su parte, el artículo 1 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por R.D. 2.364/1.994, de 9 de Diciembre, en consonancia con el artículo 5 de la Ley 23/1.992, regula las actividades que podrán prestar las empresas de seguridad, entre las que se comprenden las de “vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones” (letra a). Como destaca el recurrente, el artículo 1.4 de la Ley 23/1.992, desarrollado por el artículo 66 del Reglamento, confiere a estas empresas y a su personal la obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, y en particular respecto de los vigilantes de seguridad dispone el artículo 77.1.a) del R.D. que les corresponde “ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos”, debiendo seguir las instrucciones que les impartan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como colaborando con las mismas dentro de los locales o establecimientos en que presten sus servicios en cualquier situación en que sea preciso para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana (artículo 77.2 del R.D.).

De conformidad con la narración fáctica, cuyo contenido resulta nuevamente intangible por la vía invocada, el recurrente Sr. Galeote Ruiz, en su condición de vigilante de seguridad de la empresa Seguridad Huécar S.L., asumió el cometido de desarrollar las funciones de mantenimiento del orden público durante el partido de fútbol entre el equipo local Unión Balompédica Conquense y el equipo visitante Club Deportivo Castellón, a celebrar aquella tarde en el campo de fútbol del Estadio Municipal La Fuensanta, de la ciudad de Cuenca, encontrándose para ello debidamente uniformado y provisto de una defensa reglamentaria, coloquialmente conocida con el término “porra”. Terminado el evento, al tiempo de la evacuación del estadio y como consecuencia del altercado ya descrito entre dos de los aficionados y el Inspector del C.N.P., el vigilante salió del recinto y se aproximó a la acera cercana, donde se estaba produciendo la agresión, portando la defensa reglamentaria en una mano, con la que golpeó al individuo que tenía agarrado al policía por la espalda, para que liberara al agente, ocasionándole a aquél una herida inciso contusa sangrante en el cuero cabelludo que precisó de cuatro puntos de sutura. Ello no obstante, continuó el forcejeo entre los cuatro intervinientes, con resultados lesivos también para ambos encargados del mantenimiento del orden público.

El Tribunal de instancia, al valorar la responsabilidad penal del ahora recurrente por dichos hechos, descarta la concurrencia de un estado de necesidad en cualquiera de sus grados. Reconoce, en cambio, que la intervención estuvo guiada por la legítima defensa de un tercero, si bien entiende que hubo un exceso defensivo en cuanto al método empleado que no puede reputarse ni racional ni proporcionado, por lo que aprecia la eximente en grado de incompleta. Finalmente, rechaza que la conducta esté justificada por el cumplimiento de un deber o por el ejercicio legítimo de su oficio o cargo, entendiendo que la salida del recinto deportivo y el empleo de la violencia para defender al agente policial no sólo excedían de su cometido como vigilante, sino que tampoco resultaban necesarias, al encontrarse en las inmediaciones otros agentes del C.N.P. que podían haber auxiliado a su compañero.

Cierto es que la intervención del vigilante de seguridad se produjo en el exterior del estadio, junto a una de las puertas de acceso, pero carecería de toda lógica derivar de ello su falta de legitimación para intervenir en este caso, cuando la función de los vigilantes de seguridad contratados tenía precisamente como misión garantizar la seguridad también durante los momentos previos y posteriores al espectáculo deportivo, que ha de entenderse incluían también las alteraciones del orden que pudieran cometer quienes se encontraran en las proximidades del estadio. Consta en los hechos que en la zona había destacados otros agentes del C.N.P., pero en ningún momento se especifica que se encontraran en disposición de intervenir para poner fin al altercado con el Inspector. Únicamente se describe al vigilante de seguridad en tal posición, correspondiéndole en consecuencia, y en cumplimiento de su función, salvaguardar la integridad física del policía respecto del ataque de aquellos sujetos. El mecanismo empleado por el vigilante para tal fin -la defensa de goma- tampoco puede reputarse desproporcionado, pues debe recordarse que uno de los aficionados tenía agarrado al policía por la pechera de la camisa, llegando a rasgársela, y el otro lo sujetaba por la espalda, de modo que la actuación del vigilante en solitario requería del empleo de una violencia mayor que la que hubiera sido imprescindible en otras circunstancias, como lo demuestra el hecho de que, pese a golpear a uno de los individuos, no finalizó de forma automática la agresión, continuando entre los cuatro.

La actuación del vigilante, en definitiva, ha de entenderse igualmente comprendida en el debido cumplimiento del deber que tenía encomendado, por razón de su oficio, lo que lleva a estimar concurrente la causa de justificación interesada y declararlo exento de responsabilidad criminal por tales hechos.

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