Criterio jurisprudencial

Criterio jurisprudencial

Última actualización de en David Padrón

Categorías: Derecho Penal

Sentencia: 505/06
Fecha: 10/05/2006
Ponente: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre
Recurso Nº: 814/05


Atenuante dilaciones indebidas. Retraso imputable al propio recurrente. proporcionalidad de la pena, delitos que pudieron haber sido juzgados en el mismo proceso por continuidad delictiva.


QUINTO: Subsidiariamente como petición alternativa se solicita en este primer motivo, la aplicación de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del art. 21.6 CP., puesto que han transcurrido más de 6 años desde que se cometieron los hechos hasta que se han enjuiciado, por lo que se le debía condenar a la pena de 9 meses de prisión y dos meses y 7 días de multa a razón de 1,20 euros día por un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil (art. 392 en relación con el art. 390.1.1º y 2º) en concurso medial con un delito continuado de estafa (arts. 248, 249, 250.3, 74 y 77 CP.), concurriendo una circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, arts. 21.6, y al aplicarse los arts. 65.2 y 70.2 CP. y rebajar la pena en dos grados, debiendo indemnizar en concepto de responsabilidad civil al Banco Exterior en 18.496,33 euros, y en atención a que el recurrente ya fue condenado en la sentencia del Tribunal Supremo a las penas de 11 meses y 29 días prisión y multa de 1 mes a razón de 6 E día; en la sentencia sección 2ª Audiencia Provincial de Toledo a la pena de 4 años y 1 día prisión, y 9 meses multa a 6 E día; y en la del Juzgado de lo Penal 5 de Madrid, a la pena de 3 años, un mes y 15 días prisión, se le deberán descontar de la pena que ahora se le impone las penas impuestas, lo que supone que, en definitiva, la pena a cumplir por los hechos enjuiciados seria de 0 días y 0 euros de multa, ya que el descuento debería haberse efectuado tanto de las penas como de las multas en la parte concurrente con las penas que se impusieron en las sentencias anteriores, puesto que se ha realizado la compensación en relación con la pena de prisión, pero no se ha realizado sobre la pena de multa.

Con relación a la atenuante de dilaciones indebidas., la doctrina de esta Sala, por ejemplo SS. 71.11.2005, 22.1.2004, 22.7.2003, siguiendo el criterio interpretativo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno al art. 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona "el derecho a que la causa sea oída en un plazo razonable", ha señalado los factores que han de tenerse en cuenta para su estimación, que son los siguientes: la complejidad del proceso, los márgenes ordinarios de duración de los procesos de la misma naturaleza en igual periodo temporal, el interés que arriesga quien invoca la dilación indebida, su conducta procesal y la de los órganos jurisdiccionales en relación con los medios disponibles.

Por ello, el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes (STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España, y las que en ellas se citan). En el examen de las circunstancias de la causa también el TEDH ha señalado que el periodo a tomar en consideración en relación al artículo 6.1 del Convenio empieza desde el momento en que una persona se encuentra formalmente acusada o cuando las sospechas de las que es objeto tienen repercusiones importantes en su situación, en razón a las medidas adoptadas por las autoridades encargadas de perseguir los delitos. (STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España).

Además de lo anterior, se ha exigido en ocasiones que quien denuncia las dilaciones haya procedido a denunciarlas previamente en el momento oportuno, pues la vulneración del derecho, como recordábamos en la STS nº 1151/2002, de 19 de junio, “no puede ser apreciada si previamente no se ha dado oportunidad al órgano jurisdiccional de reparar la lesión o evitar que se produzca, ya que esta denuncia previa constituye una colaboración del interesado en la tarea judicial de la eficaz tutela a la que obliga el art. 24.1 de la Constitución mediante la cual poniendo la parte al órgano Jurisdiccional de manifiesto su inactividad, se le da oportunidad y ocasión para remediar la violación que se acusa (Sentencias del Tribunal Constitucional 73/1992, 301/1995, 100/1996 y 237/2001, entre otras; STS 175/2001, 12 de febrero)”.

Sin embargo, como hemos dicho en la STS nº 1497/2002, de 23 septiembre, “en esta materia no se deben extremar los aspectos formales. En primer lugar porque en el proceso penal, y sobre todo durante la instrucción, el impulso procesal es un deber procesal del órgano judicial. Y, en segundo lugar, porque el imputado no puede ser obligado sin más a renunciar a la eventual prescripción del delito que se podría operar como consecuencia de dicha inactividad. Esto marca una diferencia esencial entre el procedimiento penal, en lo que se refiere a la posición del imputado, y otros procesos que responden a diversos principios. El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas está configurado en el artículo 24 CE sin otras condiciones que las que surgen de su propia naturaleza”. Así pues, la obligación de colaborar con el órgano jurisdiccional, que compete a las partes en orden a la necesidad de respetar las reglas de la buena fe (artículo 11.1 LOPJ), y que se concreta en la denuncia oportuna de las dilaciones con el fin de evitar cuanto antes, o en su caso de paliar, la lesión del derecho fundamental, no alcanza al acusado en el proceso penal hasta el extremo de obligarle a poner de manifiesto la posibilidad de que pueda prescribir el delito cuya comisión se le atribuye, negándole en caso contrario los efectos derivados de una administración de la Justicia con retrasos no justificables.

En cuanto los efectos nuestra sentencia de 23.1.2004, con cita de la 1.7.2002 dice lo siguiente:

"los efectos que una vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas puede producir en el seno de un procedimiento penal ha sido objeto de discusión en tres reuniones de pleno no jurisdiccional de esta Sala de lo Penal del Tribunal Supremo:

a) en la primera de ellas, del día 2-10-92, obtuvo mayoría de votos entre los Magistrados la postura de la no incidencia de tal vulneración en el correspondiente pronunciamiento condenatorio. Habría de tener eficacia en una posible solicitud de indulto o en una petición de indemnización al Estado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, conforme al art. 121 CE. y a los arts. 299 y ss. LOPJ.

b) luego el tema volvió a tratarse en otra reunión de 29.4.97 en la que se acordó que, en caso de apreciarse que en el proceso penal hubiera habido la mencionada vulneración y hubiera de estimarse su motivo de casación al respecto, así habría de declararse por esta Sala en la correspondiente sentencia, sin condena en costas y con los pronunciamientos que se considerasen adecuados, en su caso, sobre proposición de indulto, suspensión de la ejecución de la pena mientras se tramitara la solicitud de esta medida de gracia, conforme a lo dispuesto en el art. 4.4 CP. y un pronunciamiento de segunda sentencia

c) días más tarde, en otra reunión celebrada el 21.5.99, se acordó reconocer eficacia en la sentencia penal condenatoria a esta violación del mencionado derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, a través de la circunstancia atenuante analógica recogida en el art. 21.6 CP. vigente que se corresponde con la del art. 10.10 CP. 1973. Se acordó por mayoría la posición que mantenía que esa lesión de un derecho fundamental, de orden procesal, reconocido en el art. 24.2 CE., podía producir efecto en la cuantía de la pena a través de la mencionada atenuante, como una compensación al reo por el perjuicio producido por el retraso en la tramitación del procedimiento por causas ajenas al propio condenado.

Postura esta sentada en la jurisprudencia más reciente, por ejemplo STS 1.7.2004, que sobre la base del art. 4.4 CP. ha descartado que la inexistencia de dilaciones indebidas sea un presupuesto de la validez del proceso y por ello de la sentencia condenatoria. Por el contrario, partiendo de la validez de la sentencia, ha admitido la posibilidad de proceder a una reparación del derecho vulnerado mediante una disminución proporcionada de la pena en el momento de la individualización, por lo que habrá de atender a la entidad de la dilación. El fundamento de esta decisión radica en que la lesión causada injustificadamente en el Derecho Fundamental como consecuencia de la dilación irregular del proceso, debe ser valorada al efecto de compensar una parte de la culpabilidad por el hecho, de forma análoga a los efectos atenuatorios que producen los hechos posteriores al delito recogidos en las atenuantes 4ª y 5ª del art. 21 CP. Precisamente en relación con estas causas de atenuación, las dilaciones indebidas deben reconducirse a la atenuante analógica del art. 21.6 CP.

Ahora bien, lo que si debe exigirse es que la parte recurrente señale los puntos de dilación en la tramitación y la justificación de su carácter indebida, lo que la parte no ha efectuado, remitiéndose genéricamente la denuncia al transcurso del plazo de seis años, y a no ser imputable al recurrente tal demora, olvidando que tal como destaca la propia sentencia en la instrucción de la causa concurrieron diversas incidencias procesales que contribuyeron a esa largo duración: la no comparecencia del acusado.

El llamamiento judicial en noviembre de 1999 hasta mayo 2000, según consta a los folios 223 a 226 de la causa, y el sobreseimiento provisional de la causa durante un año, cuando al dictarse el 12.3.2001 auto de procedimiento abreviado, resultó desconocido en el domicilio habitual de Alcorcón

Y en todo caso aunque se aceptase por la vía de la duda favorable al reo esas dilaciones como no imputables en su totalidad al acusado, su incidencia seria la de una atenuante normal y no cualificada por todas las circunstancias expuestas y dadas las penas impuestas: un año y nueve meses de prisión y multa de nueve meses para el delito continuado de falsedad, art. 390.1.1º y 2º y 382, (limites mínimos de las mitades superiores), y un año de prisión y seis meses multa para el delito continuado de estafa, arts. 248, 249 y 250.3 (penas en sus extensiones mínimas) no produciría efecto penológico alguno -máxime cuando las penas privativas de libertad han sido compensadas en razón de las sentencias anteriores- al ser aquellas penas la mínimas que resultaría procedentes.

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