Sentencia dicatda un año despues del juicio

Sentencia dicatda un año despues del juicio

Última actualización de en David Padrón

Categorías: Derecho Penal

Sentencia Nº: 1111/06
fecha: 15/11/2006
Ponente: José Ramón Soriano Soriano
Recurso nº: 716/06

RESUMEN: Dilaciones indebidas: la sentencia se dicta un año después de concluir el juicio oral.

2. La primera observación, que podría constituir un obstáculo procesal para el acogimiento de la pretensión, es que la alegación de la infracción del derecho constitucional no va acompañada de la traducción jurídico-material de la atenuación penológica que habría de repercutir en la pena concreta y que esta Sala, desde el 21 de mayo de 1999, en un Pleno no jurisidiccional dio carta de naturaleza. Nos referimos a la atenuante analógica de dilaciones indebidas, como forma de compensar, con posterioridad a la comisión del hecho, la menor culpabilidad del sujeto agente por el daño ocasionado a consecuencia del injustificado retraso de la causa.

No obstante, por razón de la voluntad impugnativa, que ha de presumirse en el recurrente, debe considerarse interesada la estimación de tal atenuación.
3. Pero los reparos al acogimiento de la misma también proceden de otras circunstancias o exigencias que no se han cumplido en nuestra hipótesis.
Nos referimos al dudoso condicionamiento de la necesidad de que el afectado por las dilaciones las denuncie y ponga en conocimiento del órgano jurisdiccional, para, si es posible, corregirlas en momento oportuno.

La doctrina de esta Sala ha venido evolucionando en este aspecto superando el criterio inicial que exigía como presupuesto para la aplicación de la atenuante analógica la previa denuncia de las dilaciones por el interesado.

Últimamente viene sosteniendo que no puede extremarse el rigorismo formalista, por varias razones; por un lado, porque el impulso procesal en la fase de investigación preparatoria constituye un deber del instructor, que de sobra conoce, sin necesidad de que nadie se lo recuerde; pero además y por otra parte, porque no se puede obligar sin más a renunciar a ganar la eventual prescripción del delito que se podría operar como consecuencia de dicha inactividad procedimental.

A pesar de ello todavía en determinadas circunstancias sí sería precisa la simple manifestación de voluntad, instando la aceleración del proceso por imperativos de la buena fé (art. 11 L.O.P.J.), si por alguna razón el retraso del trámite perjudica de forma especial al efectado, mas allá de las presentaciones quincenales, perjuicio que puede desconocer o no conocer con suficiente detalle el juez instructor o la Audiencia sentenciadora. De no conocer esa voluntad de celeridad del inculpado, no sería ilógico entender, que el suspuesto perjudicado se muestra conforme con tales dilaciones, pues con bastante frecuencia se observan prácticas dilatorias de las partes, conscientemente buscadas, y que pueden obedecer a un sinúmero de razones entre las que no cabe excluir el efecto favorable de un juicio tardío, en que los testigos de cargo tienen dificultades de recordar lo ocurrido, incurriendo en contradicciones; la remota pero no descartable posibilidad de una reforma legal beneficiosa; la conveniencia de prepararse para una posible condena y sus consecuencias, etc. etc.

4. Todavía en nuestro caso resta por acreditar un dato harto significativo en el orden procesal, con repercusiones en el derecho de defensa, por la posible inobservancia del principio acusatorio y la negación de la oportunidad de contradicción que compete a las partes. Nos referimos a la no proposición de este argumento en la instancia o cuando menos la ausencia de solicitud formal de la aplicación de la atenuante analógica de dilaciones indebidas en el debate contradictorio del plenario. Tal omisión ha traído como consecuencia que no fuera discutido ni resuelto en la instancia y que los hechos probados carezcan del más mínimo sustento probatorio para justificar la aplicación de la analógica en casación.

Pero la hipótesis que nos concierne posee unas connotaciones muy particulares. Por un lado, es obvia la existencia de interrupciones procedimentales relevantes no justificadas en la instancia, pero es que además se produjo una intolerable procrastinación después de celebrado el juicio y el momento de dictar y motivar la sentencia, que duró casi un año. Tal evento no pudo ser aducido en momento alguno, que no sea en esta instancia casacional, en la que pudieron replicar las demás partes procesales personadas. El Ministerio Fiscal esta conforme y apoya por razones materiales el motivo, pero su acogimiento lo condiciona a la estimación del motivo número trece de los que formaliza este recurrente, ya que de no ser así, el acogimiento de una atenuante determinaría la imposición de la pena resultante de la aplicación del art. 77 C.P. (concurso ideal de delitos) en su mínima expresión, que son de 3 años y 6 meses, consecuencia de su proyección sobre el art. 250.1.6º C.P.

La sentencia, con manifiesto error, impone la pena de 3 años de prisión, que de no entender indebidamente aplicado el art. 77, sería imposible modificar, por aplicación del principio de "non reformatio in peius".

Como quiera que tal motivo (corresponde - como dijimos- al nº 13 de los formulados) habrá de ser estimado y sin perjuicio de argumentar en su momento sobre las razones que lo justifican, el presente deberá merecer acogida.

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