No alegables por la acusación

No alegables por la acusación

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Categorías: Derecho Penal

AUTO 784/2008
Nº de Recurso:2474/2007
Fecha Auto: 12/09/2008
Ponente Excmo. Sr. D.: Carlos Granados Pérez


Como ha recordado recientemente la STS nº 755/2.007, de 25 de Septiembre, el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que aparece expresamente en el artículo 24.2 de la Constitución, no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales, pero impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también la de ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. El artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales se refiere expresamente al derecho de toda persona a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable.
Se trata de un concepto indeterminado, cuya concreción se encomienda a los Tribunales. Para ello es preciso el examen de las actuaciones concretas, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, que sea imputable al órgano jurisdiccional y que no haya sido provocado por la actuación del propio acusado. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes (STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España, y las que en ellas se citan). En el examen de las circunstancias de la causa también el TEDH ha señalado que el periodo a tomar en consideración en relación al artículo 6.1 del Convenio empieza desde el momento en que una persona se encuentra formalmente acusada o cuando las sospechas de las que es objeto tienen repercusiones importantes en su situación, en razón a las medidas adoptadas por las autoridades encargadas de perseguir los delitos. (STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España).

En cuanto a sus efectos, esta Sala ha descartado, sobre la base del artículo 4.4º del Código Penal, que la inexistencia de dilaciones indebidas sea un presupuesto de la validez del proceso y por ello de la sentencia condenatoria. Por el contrario, partiendo de la validez de la sentencia, ha admitido la posibilidad de proceder a una reparación del derecho vulnerado mediante una disminución proporcionada de la pena en el momento de la individualización, para lo que habrá de atender a la entidad de la dilación. El fundamento de esta decisión radica en que la lesión causada injustificadamente en el derecho fundamental como consecuencia de la dilación irregular del proceso, debe ser valorada al efecto de compensar una parte de la culpabilidad por el hecho, de forma análoga a los efectos atenuatorios que producen los hechos posteriores al delito recogidos en las atenuantes 4ª y 5ª del artículo 21 del Código Penal. Precisamente, en relación con estas causas de atenuación, las dilaciones indebidas deben reconducirse a la atenuante analógica del artículo 21.6ª del Código Penal.

C) De conformidad con la doctrina que antecede, no puede sino rechazarse de plano la primera queja esgrimida por los recurrentes, puesto que la jurisprudencia de esta Sala, siguiendo las pautas marcadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es pacífica en considerar que una de las garantías fundamentales que rigen en el orden penal, como es el derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable, se encuentra exclusivamente dirigida a amparar a "toda persona acusada de un hecho delictivo" (STS de 27 de Marzo de 1.991). Por lo tanto, en el ámbito penal, el indebido retraso en la tramitación del procedimiento únicamente conlleva efectos para el reo que haya sido finalmente condenado, debiendo paliarse dicho funcionamiento anormal de la administración de justicia mediante una compensación de la pena impuesta.

Ello significa que, sin perjuicio de lo que, en su caso, pudiera reclamarse por los recurrentes en el orden correspondiente -ajeno a la vía penal- por un incorrecto funcionamiento de la administración de justicia, las partes acusadoras carecen de la necesaria legitimación para esgrimir como argumento casacional penal un indebida ralentización en la tramitación de las actuaciones.

En cualquier caso, tal y como asimismo pone de manifiesto el Fiscal en su informe, no es posible anudar una consecuencia penal a dicha pretensión de parte, pues, aun en el supuesto de aceptar la tesis de la acusación recurrente, ello no podría conllevar ni la condena de la acusada, ni la declaración de nulidad de ninguna de las actuaciones practicadas.

La queja, inatendible por la vía del artículo 852 de la LECrim, tampoco puede ser incardinada en ninguna de las causas expresadas en los artículos 849, 850 y 851 de la Ley de Ritos, todo lo cual conduce a acordar su inadmisión.

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