No muy cualificada

No muy cualificada

Última actualización de en David Padrón

Categorías: Derecho Penal

Sentencia Nº: 462/2009
RECURSO CASACION Nº:1469/2008
Fecha Sentencia: 12/05/2009
Ponente Excmo. Sr. D.: Manuel Marchena Gómez


Resumen:
DILACIONES INDEBIDAS: no se aprecia con carácter cualificado.


Entiende el recurrente que se ha vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE). El procedimiento ha durado, desde que se inició, más de siete años. Fue incoado el 15 de mayo de 2001 y no se citó a las sesiones del juicio oral hasta el 12 de febrero de 2008. Esa desmesurada dilación para un procedimiento sin la mayor complejidad carece de justificación. De ahí que debería haberse apreciado la atenuante como muy cualificada, rebajando la pena en dos grados.

No tiene razón el recurrente.

La existencia de dilaciones indebidas y, por consiguiente, la declaración de vulneración de ese derecho, ha sido ya apreciada por la Sala de instancia. De hecho, ha aplicado a favor del recurrente la atenuante analógica del art. 21.6 del CP. Lo que ahora solicita la defensa no es que se vuelva a reconocer esa infracción de rango constitucional, sino que a la vulneración estimada por la Audiencia se le atribuya una consecuencia punitiva distinta de la fijada en la sentencia, que ha descartado el carácter muy cualificado de la atenuación, tal y como reivindica el recurrente.

Es cierto que un plazo de seis años, sin otra matización, puede considerarse bien distante del ideal de un plazo justo. Sin embargo, el fundamento material de la atenuante cuya aplicación con carácter muy cualificado reivindica el recurrente, obliga a importantes puntualizaciones. La referencia para la ponderación del tiempo transcurrido no puede ofrecerla, sin más, la fecha de incoación de las diligencias. La jurisprudencia de la Sala Segunda (por todas, cfr. SSTS 506/2002, 21 de marzo y 1113/2000, 24 de junio), del Tribunal Constitucional (cfr. SSTC 324/94, 47/87, 216/98 y 198/99) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (cfr. STEDH caso Eckler), es unánime a la hora de ligar la concurrencia de las dilaciones indebidas al examen de las vicisitudes del caso concreto y a la actitud de los litigantes. La idea que late en el ya consolidado cuerpo de doctrina acerca de esta materia es que el derecho constitucional a no sufrir dilaciones indebidas no ampara aquellas originadas por la actitud obstructiva de los propios litigantes, lo que obliga al Tribunal a un examen pormenorizado de las vicisitudes cronológicas que hayan afectado al normal desarrollo de la causa penal.

Cobra, pues, pleno significado la afirmación de la Sala de instancia en el FJ 6º de la sentencia recurrida: “…en el presente caso, ciertos retrasos han sido causados por la actuación de los acusados (retrasando la entrega de libros, no aportando los libros de las Juntas Generales, etc.) pero debe tenerse en cuenta que el proceso ha durado ocho años, demasiados años para no considerar que debe aplicarse la existencia de dicha atenuante analógica”.

Al margen de lo anterior, la Sala no puede respaldar una queja por la no apreciación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas cuando, quien la formula, no tiene inconveniente alguno en someterse a una nueva e incierta peripecia procesal en la que, atendida la naturaleza de los hechos enjuiciados, es previsible que fuera necesario una nueva e importante dilación hasta el desenlace definitivo. En efecto, la parte recurrente reivindica la tutela de su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, en el primero de los motivos y, al mismo tiempo, solicita, en el segundo de ellos, la nulidad de actuaciones por vulneración de su derecho a un juicio justo por infracción del derecho de defensa. Con ello se ofrece resignadamente a volver a sufrir las previsibles dilaciones que se derivarían de acogerse esta última queja, cuya apreciación implicaría inevitablemente la celebración de un nuevo juicio “…desde el momento de las conclusiones definitivas”.

No erró la Sala al atribuir a las dilaciones el carácter de atenuante analógica simple. De ahí que proceda la desestimación del motivo por su manifiesta falta de fundamento (art. 885.1 y 2 LECrim).

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