Casacion. Pacto Internacional. Revision Integra

AUTO 43/2005 
Nº de Recurso :2321/2003 
Fecha Auto: 16/12/2004 
Ponente Excmo. Sr. D.: Luis-Román Puerta Luis 

Se plantea en el recurso que el fallo condenatorio de la primera instancia no puede ser revisado íntegramente al carecer el ordenamiento español del denominado recurso de apelación, por lo que se está vulnerando los arts. 26 y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

1. Ya ha resuelto esta Sala el problema ahora reproducido por la recurrente en su sentencia 328/2002 de fecha 27 de Febrero, en la que remitiéndose a la jurisprudencia citada en el auto de la misma Sala de fecha 14 de Diciembre de 2.001 y a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC de 3 de Abril de 2.002, RD 3787/2001) fundamenta extensamente la compatibilidad de nuestro procedimiento con las exigencias del art. 14.5 del pacto de New York. 

En el mismo sentido se expresa la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 80/2003 de 28 de abril y 105/2003 de 2 de junio) al pronunciarse que existe una asimilación funcional entre el recurso de casación y el derecho a la revisión de la declaración de culpabilidad y la pena declarado en el art. 14.5 PIDCP., siempre que se realice una interpretación amplia de las posibilidades de revisión en sede casacional y que el derecho reconocido en el Pacto se interprete, no como el derecho a una segunda instancia con repetición íntegra del juicio, sino como el derecho a que un Tribunal superior controle la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena, en el caso concreto. 

Más explícito, el Tribunal Constitucional, en sentencia 70/2002 de 3 de Abril, declara que no es correcto afirmar que nuestro sistema casacional se limita al análisis de cuestiones jurídicas y formales, sin permitir la posibilidad de examinar los hechos probados, salvo en el estrecho cauce del art. 849.2 de la LECr., al afirmar en el FJ. 7: “Actualmente, en virtud del art. 852 LECr., en todo caso, el recurso de casación podrá interponerse fundándose en la infracción de un precepto constitucional. Y a través de la invocación del art. 24.2 CE (tanto del proceso con todas las garantías como, fundamentalmente, de la presunción de inocencia), es posible que el Tribunal Supremo controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas. En definitiva, mediante la alegación como motivo de casación de la infracción del derecho a la presunción de inocencia, el recurrente puede cuestionar, no sólo el cumplimiento de la garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino la declaración de culpabilidad que el Juzgador de instancia dedujo de su contenido (...). Por tanto, tiene abierta una vía que permite al Tribunal Supremo la “revisión íntegra”, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad, a través del control de la aplicación de las reglas procesales y de valoración de la prueba. Todo ello –como ha puesto de relieve también el propio Tribunal Supremo, auto de la Sala de lo Penal de 14 de diciembre de 2.001, FJ 7- sin perjuicio de que la aparición de nuevas pruebas que el acusado no pudo ofrecer en el proceso, puede, en su caso, dar lugar a un recurso de revisión –art. 954 LECr.- posibilidad que completa el conjunto de garantías del debido proceso”.

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