Casacion. Segunda Instancia

Casacion. Segunda Instancia

Última actualización de en Eleazar Robaina Espinosa

 de Recurso: 703/2003 
Fecha Auto: 06/05/2004 
Ponente Excmo. Sr. D.Luis-Román Puerta Luis 


Resulta muy frecuente, últimamente, que se plantee ante esta Sala la inadecuación del sistema actual de recursos penales establecido en nuestro ordenamiento procesal al art. 14.5 del Pacto de Nueva York de 1.966, ratificado por España.

Esta Sala ya se ha pronunciado, tanto colegiadamente a través del Pleno como en numerosísimas sentencias, por la conveniencia de generalizar el recurso de apelación para todas las sentencias penales, concibiendo la casación como un recurso de unificación de doctrina.

En primer lugar hemos de indicar que el derecho a la doble instancia no está realmente comprendido en el Convenio Europeo, sino en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, según el cual toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto, sean sometidas a un Tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 

Ahora bien, y como bien razona el Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación, dada la diversidad de sistemas procesales que funcionan en el ámbito territorial del Pacto, la posibilidad del acceso a la doble instancia viene determinada por las características de las leyes procedimentales de cada país y aunque esa revisión deba tener el máximo alcance, no se puede excluir la posibilidad de que existan otras vías de impugnación de sentencias condenatorias, siempre que se haga a través de un Tribunal superior que tenga la posibilidad de anular las resoluciones del inferior. Por ello se ha declarado que aunque el recurso de casación penal tenga un carácter extraordinario y de marco limitado, cumple suficiente y adecuadamente expectativas del referido Pacto Internacional y "satisface la obligación asumida por el Estado español al incorporar sus previsiones al derecho interno por la vía del artículo 96 de nuestra Constitución". (STS de 4 de diciembre de 2000).

Esta Sala ha considerado en el recurso de la causa Gómez Vázquez la decisión del Comité de Derechos Humanos y, apoyándose en el art. 5.4 LOPJ y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia, ha rechazado la pretensión ejercida luego en numerosos recurso de casación que se basaron en dicho dictamen. En este sentido hemos afirmado y reiteramos ahora lo expresado en el auto de 14-12-2001 (Rec. Nº 2087/1992). Allí se dijo: 

"Asimismo surge de los arts. 41º y 42 del Pacto que el Comité no tiene facultades jurisdiccionales que le permitan otorgar al dictamen el carácter de título ejecutivo que legitime al recurrente para solicitar la revisión de la sentencia firme dictada por esta Sala. En efecto las facultades del Comité no han sido ampliadas por el Protocolo Facultativo, pues éste sólo extiende a personas individuales el derecho de presentar comunicaciones ante el Comité en las que se niegue el cumplimiento del Pacto por un Estado parte. Ninguna disposición del Protocolo Facultativo modifica las competencias que el art. 41.1.h) ii) acuerda al Comité, ni las que le confiere el art. 42 del Pacto. Según el art. 41.1.h) ii) el Comité, cuando no se haya llegado a una solución, "se limitará a una breve exposición de los hechos y agregará las exposiciones escritas y las actas de las exposiciones verbales que hayan hecho los Estados partes interesados" y "en cada asunto se enviará el informe a los Estados partes interesados". 

El art. 42 establece que, cuando no se haya resuelto el caso a satisfacción de alguno de los Estados partes interesados, el Comité -previo consentimiento de éstos- "podrá designar una Comisión Especial de Conciliación". En el Nº 7 del art. 42 se estatuye que esta Comisión "presentará al Presidente del Comité un informe para su transmisión a los Estados partes interesados".

En consecuencia: el Comité sólo tiene facultades para informar y para designar -con consentimiento de los Estados interesados- una comisión de conciliación. Ninguna norma del Pacto ni del Protocolo Facultativo acuerda al Comité un poder jurisdiccional en el caso de imposible conciliación. El art. 5.4 del Protocolo sólo dice que el comité "remitirá sus puntos de vista concernientes al individuo al Estado parte interesado".

Ciertamente el recurrente podría alegar, aunque no lo ha hecho, que su derecho a la llamada "revisión íntegra del fallo condenatorio" sólo se vería satisfecho mediante una repetición total del juicio oral ante un segundo Tribunal. A pesar de no ser ésto lo que ha presentado como comunicación ante el Comité de Derechos Humanos ni tampoco lo que ha dicho el Comité, la Sala tiene el deseo de despejar toda duda que se pueda albergar en relación al presente caso.

Antes de entrar en el fondo de la cuestión, sin embargo, es preciso recordar que la casación es el único recurso de proceso penal español que permite una repetición del juicio ante un nuevo tribunal, como surge del art. 901 bis a) LECr. y de su interpretación jurisprudencial.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha venido declarando desde la STC 60/85 que el recurso de casación cumple con la exigencia del art. 14.5 Pacto y desde la STC 42/82 ha establecido que esta norma del Pacto no da derecho a recursos que no se encuentren reconocidos en nuestra legislación (ver también STC 37/88). Esta jurisprudencia constitucional ha indicado, asimismo, que, de todos modos, el derecho a un recurso de casación se debe entender de la manera más favorable al acusado. Consecuencia de esta exigencia de admitir la interpretación más favorable al justiciable ha sido la transformación de nuestra jurisprudencia a partir de esas decisiones, ampliando extraordinariamente, respecto de las limitaciones tradicionales de la casación que reconocía el Tribunal Supremo antes de la entrada en vigor de la Constitución, el concepto de las cuestiones de derecho que pueden ser objeto del recurso de casación. Correlativamente, nuestra jurisprudencia ha reducido las cuestiones de hecho, que quedan fuera del recurso de casación, exclusivamente a aquéllas que necesitarían de una repetición de la prueba para permitir una nueva ponderación de la misma. De esta manera, el juicio sobre la prueba puede ser corregido en casación cuando el tribunal de los hechos se ha apartado de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia o de los conocimientos científicos. Todo ello sin perjuicio de que la aparición de nuevas pruebas, que el acusado no pudo ofrecer en el proceso, pueden, en su caso, dar lugar a un recurso de revisión (art. 954 LECrim), que indudablemente completa el conjunto de garantías del debido proceso". (STS de 13 de julio de 2002)

Igualmente, el Tribunal Constitucional, en sentencia de 25 de abril de 2002 alude a la asimilación funcional entre el recurso de casación y el derecho a la revisión de la declaración de culpabilidad y la pena declarada en el artículo 14.5 del Pacto, siempre que se realice una interpretación amplia de las posibilidades de revisión en sede casacional y que el Derecho reconocido en el Pacto se interprete no como el derecho a una segunda instancia con repetición íntegra del juicio, sino como el derecho a que un Tribunal superior controle la corrección del juicio hecho en primera instancia, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto. Reglas entre las que se encuentran, desde luego, todas las que rigen el proceso penal y lo configuran como un proceso justo, con todas las garantías: las que inspiran el principio de presunción de inocencia, y las reglas de la lógica y la experiencia conforme a las cuales han de realizarse las inferencias que permiten considerar un hecho como probado. Esta interpretación, es posible a la vista del tenor literal del Pacto y conforme a la interpretación dada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A partir de la invocación del derecho a la presunción de inocencia, es posible que el Tribunal Supremo controle la prueba, su validez, su suficiencia, la razonabilidad de las inferencias realizadas, lo que supone que el recurrente pueda cuestionar la declaración de culpabilidad que el Juzgador de instancia dedujo de su contenido.

En consecuencia, todo ello, permite una revisión, accediendo no solo a cuestiones jurídicas sino también fácticas, por lo que el motivo articulado, carente manifiestamente de fundamento, incurre en la causa de inadmisión del artículo 885.1º de la LECrim

En tanto dicha proyectada reforma legislativa se lleve a cabo, esta Sala ha interpretado el cauce casacional de presunción de inocencia con la mayor amplitud posible, de modo que se asimile en lo posible a las posibilidades de revisión probatoria propias de un recurso de apelación sin repetición del juicio, que es el actualmente existente en nuestro modelo procesal, y en la mayor parte de los países de nuestro entorno, así como el más adecuado a las necesidades del proceso penal. (STS de 9 de febrero de 2004)

No apreciándose en el caso actual incidencia efectiva de la vulneración denunciada, pues la condena se fundamenta en una prueba de cargo manifiesta, razonablemente valorada, procede la inadmisión del motivo.

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