Doctrina General

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Última actualización de en Eleazar Robaina Espinosa

Sentencia Nº: 1200/2006 
Recurso Nº: 715/2006 
fecha: 11/12/2006 
Ponente: José Ramón Soriano Soriano 

RESUMEN: - Segunda Instancia 

PRIMERO.- Lo articula a través del art. 5-4 L.O.P.J. por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24-1 C.E.

1. La esencia del desacuerdo con la sentencia que combate se halla en haber negado la posibilidad de que la causa fuera vista y resuelta en una segunda instancia (apelación) antes de acceder a la casación, toda vez que la reforma del art. 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial producida por la también Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre, parece estar condicionada su entrada en vigor a la presentación por el Gobierno de los proyectos que modifiquen las leyes de procedimiento para adecuarlas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero a pesar de ello la reforma ha entrado en vigor el 16 de enero de 2004 y por tanto la imposibilidad de ejercitar el derecho a la doble instancia se manifiesta en una clara indefensión. 

Entiende que la aplicación del art. 73 no está suspendido y prueba de ello es que la propia ley reformadora toma en consideración determinados aspectos como son la designación de un magistrado instructor de la Sala que debe conocer del recurso, que no formará parte de la misma para el enjuiciamiento.

2. Sobre la cuestión de la doble instancia ha tenido ocasión de pronunciarse esta Sala en múltiples ocasiones, así como nuestro Tribunal Constitucional e incluso el Europeo de Derechos Humanos, rechazando cualquier indefensión.
Como botón de muestra baste resumir algún apartado de la sentencia del Tribunal Constitucional nº 136 de 8 de mayo de 2006, en la que, entre otras cosas, se dice:

"Este Tribunal ha concluido, por un lado, que el derecho al recurso contra sentencias penales condenatorias, incluído dentro del derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE., a la vista del tenor literal del art. 14.5 PIDCP, e incluso conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de derechos Humanos, en relación con los arts. 6.1 CEDH y 2 del Protocolo núm. 7 del citado Convenio (SSTEDH de 13 de febrero de 2001, caso Krombach c. Francia y de 25 de julio de 2002, caso Papon c. Francia), se debe interpretar no como el derecho a una segunda instancia con repetición íntegra del juicio, sino como el derecho a que un Tribunal superior controle la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto (SSTC 70/2002, de 3 de abril, FJ 7, y 105/2003, de 2 de junio, FJ 2). Y , por otro, que la libertad de configuración por parte del legislador interno de cuál sea ese Tribunal superior y de cómo se someta a él el fallo condenatorio y la pena viene expresamente reconocida por el art. 14.5 PIDCP, lo que permite que dentro del ordenamiento, y en los delitos para cuyo enjuiciamiento así lo ha previsto el legislador, sea la casación penal el recurso que abra al condenado en la instancia el acceso a un Tribunal Superior (STC 37/1988, de 3 de marzo, FJ 5) (STC 123/2005, FJ 6). 

En efecto, en cuanto a esta última conclusión, afirmamos en la STC 70/2002, FJ 7, con apoyo en reiterada jurisprudencia constitucional, que el mandato contenido en el art. 14.5 PIDCP se ha incorporado a nuestro Derecho interno, y aunque no es bastante para crear por sí mismo recursos inexistentes (SSTC 42/1982, de 5 de julio, FJ 3; 51/1985, de 10 de abril, FJ 3; 30/1986, de 20 de febrero, FJ 2), el recurso de casación en materia penal puede cumplir con sus exigencias, siempre y cuando se realice una interpretación amplia del mismo, que permita apurar las posibilidades del recurso de casación. En dicha línea, es doctrina de este Tribunal que la casación penal "cumple en nuestro ordenamiento, el papel de Tribunal Superior que revisa las sentencias de instancia en la vía criminal a que se refiere el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

3. En lo concerniente a la inaplicación del art. 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial también ha tenido oportunidad de declarar esta Sala (véase, por todas, S. nº 306 de 8 de marzo de 2005) que en orden a la previsión del artículo invocado "hemos de hacer constar que no es correcta la afirmación de que el precepto entró en vigor el 16 de enero de 2004. En tal fecha entraron en vigor los preceptos que no estaban condicionados para su efectiva vigencia por una norma legal. En nuestro caso la disposición final segunda de la propia Ley Orgánica 19/03 establecía que "En el plazo de un año, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales los Proyectos de Ley procedentes para adecuar las leyes de procedimiento a las disposiciones modificadas por la Ley".

Sobre este extremo podemos recordar el auto de esta Sala de 18 de mayo de 2004, que señala "Cosa distinta son las consecuencias de la reforma legal de 23-diciembre-2003, que el recurrente interpreta inadecuadamente, confundiendo conceptos. Siempre habrá que distinguir la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/03, por un lado, y la entrada en vigor de la normativa procesal, que definitivamente implante el cauce para tramitar los recursos penales que contra las decisiones de las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores y Audiencia Nacional puedan interponerse en lo sucesivo, por otro".

El derecho que concede la Ley Orgánica reformadora no constituye un derecho efectivo, sino que lo introducido por la Ley es un derecho expectante o en expectativa que materialmente no se puede aplicar por tres fundamentales razones:

1) Por estar pendiente de regulación los mecanismos procesales y demás condiciones y requisitos para poderlo hacer efectivo.
2) Porque, hasta tanto no se establezcan legalmente tales mecanismos, no se ha producido la sucesión de leyes entre la normativa nueva y aquélla a la que pretende sustituir, que sigue vigente. 
3) Porque las leyes procesales, a diferencia de las penales, no poseen efectos retroactivos (principio general de irretroactividad de las leyes: art. 2.3 C.Civil), por lo que mientras no se cumplan los presupuestos de la ley Orgánica nº 19 de 23-diciembre-2003 (transcurso del plazo previsto, texto legal nuevo para dar efectividad a la reforma) no tendrá aplicación, siendo en la actualidad la única legalidad vigente y aplicable al caso, la que ha seguido el presente proceso.

En el hipotético supuesto de que se cumplieran las previsiones legales y tuviera efectividad la normativa en ciernes, se aplicaría a los recursos posteriores a la definitiva implantación del recurso penal.

Conforme a tal doctrina el motivo formalizado en primer lugar por el recurrente ha de claudicar.

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