06Dic- Inexistenmcia juicio sobre prueba. Imposibilidad de ejercicio de control casacional sobre P.Inocencia

Sentencia Nº: 1200/2006 
Recurso Nº: 715/2006 
fecha: 11/12/2006 
Ponente: José Ramón Soriano Soriano 

RESUMEN: - No existe en la sentencia el juicio sobre la prueba.- Imposibilidad de ejercer el control casacional sobre el respeto al derecho a la presunción de inocencia. 


SEGUNDO.- En el homónimo ordinal, amparado en el art. 5-4 L.O.P.J., considera violado el derecho a la presunción de inocencia que contempla el art. 24-2 C.E.

1. Después de analizar las exigencias que comporta el respeto a tal derecho considera que en la causa no existió prueba suficiente para acreditar el hecho delictivo y la participación en él del recurrente. 

No se ha acreditado, en su opinión, que la pretendida relación de confianza existiera entre el constructor y el dueño de la obra, ni tampoco la mala situación económica atravesada por la empresa del acusado. 

En el plano del dolo, tampoco halla constancia probatoria de que tuviera conciencia el impugnante de que no iba a poder terminar la obra pactada. En suma no se ha probado el engaño, como elemento medular del delito de estafa, no justificándose la condena por tal delito. 

2. De todos es sabido, por así explicarlo nuestro Tribunal Constitucional, que la presunción de inocencia en el orden penal comporta: 

1) La carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde exclusivamente a la acusación, sin que sea exigible a la defensa una probatio diabólica de los hechos negativos.
2) Sólo puede entenderse como prueba la practicada en el juicio oral bajo la inmediación del órgano judicial decisor y con observancia de los principios de publicidad y contradicción.
3) De dicha regla general sólo pueden exceptuarse los supuestos de prueba preconstituída y anticipada, cuya reproducción en el juicio oral sea o se prevea imposible y siempre que se garantice el ejercicio del derecho de defensa o la posibilidad de contradicción. 
4) La valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del juzgador, que este ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración.
Por su parte al órgano jurisdiccional de casación en la función revisora de la corrección legal de las sentencias recurridas obliga a comprobar:

a) que existió prueba de cargo suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria.
b) que dicha prueba se obtuvo y practicó con pleno respeto a los derechos constitucionales y a las normas de legalidad ordinaria, especialmente las que rigen el proceso penal (principio de publicidad, oralidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas). c) que la estructura lógica de la valoración de esa prueba se ajustaba a parámetros de racionalidad y experiencia, con descalificación de cualquier valoración absurda o arbitraria (art. 9-3 C.E.).

3. En el caso que nos ocupa no puede cuestionarse el proceso valorativo, por cuanto, como bien apunta el Mº Fiscal, no existió. El tribunal de instancia no ha analizado ni conmensurado el alcance probatorio del material legítimo de este orden con el que contó, por lo que no puede calificarse de arbitrario, provisional o erróneo tal juicio que "no emitió" sobre la capacidad de las probanzas que deben acreditar cada uno de los elementos tipológicos de carácter objetivo del delito imputado y de la participación en él del acusado.

Este juicio sobre la prueba, presupuesto para calibrar el respeto al derecho a la presunción de inocencia, no debe alcanzar a los contenidos de conciencia, en nuestro caso al dolo, cuya concurrencia ha de provenir de un juicio inferencial emitido en la fundamentación jurídica, aunque también deben reseñarse los datos fácticos de carácter objetivo de los que se ha partido para obtener una determinada conclusión sobre el propósito o intencionalidad del sujeto agente. 

En la causa se hace referencia en el fundamento jurídico segundo que "es autor de dicho delito Francisco Julio de Castro Lobato por su participación voluntaria, material y directa en los hechos. La testifical, pericial y documental practicada acreditan tal autoría".

A pesar de tal afirmación, más propia de una frase exteriotipada, ni se desarrolla ni se alude, como impone el art. 120-3 C.E., a los aspectos probatorios que acreditaron los hechos (motivación o juicio sobre la prueba) a excepción de unas inconcretas referencias, más bien descriptivas, a determinadas facturas existentes. La prueba testifical, podría hacer referencia al testimonio del perjudicado y la pericial sería la que cuantifica los perjuicios sufridos.

4. Ante tal situación deficitaria en la imperativa motivación que deben contener las sentencias, el Mº Fiscal se plantea la alternativa sobre las formas de estimación de la pretensión impugnativa, distinguiendo situaciones, por un lado, aquéllas en las que se acredite la concurrencia de prueba legítima de cargo para sustentar una condena o que la prueba existente ha sido arbitrariamente valorada, y por aquéllas en las que no se efectúa una valoración de la prueba.

En nuestro caso, el tribunal de origen se extiende y argumenta adecuadamente sobre el juicio subsuntivo o aspectos jurídicos del proceso, pero omite un valoraión probatoria justificativa de que los elementos del delito y la participación del autor tiene su soporte en pruebas legítimas, capaces de justificar el tenor de la sentencia.

Ello no significa que no hayan existido tales pruebas, como puede colegirse del acta del juicio.

De ahí que la opción del Mº Fiscal de apoyo al motivo se inclina por la vulneración del derecho, como un déficit motivacional de la sentencia, que integra un quebrantamiento de forma, puesto que se ha sustraído a las partes y a este Tribunal de casación la posibilidad de ponderar si las pruebas existentes (contenido y valor probatorio) han sido correctamente valoradas en un juicio crítico, no contrario a las reglas de la lógica y del criterio humano.

El motivo examinado habrá de estimarse, decretando la nulidad de la sentencia, para que el mismo tribunal que la dictó y partiendo de los hechos probados redacte de nuevo los fundamentos jurídicos, incluya el juicio sobre la prueba analizada, explique el valor probatorio de las existentes y haga las inferencias oportunas al objeto de posibilitar a las partes el control casacional del derecho a la presunción de inocencia, absolviendo o condenando según proceda.

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