06Oct- No Celebracion a Puerta cerrada. No lesion derechos menor

Sentencia Nº: 1031/2006 
RECURSO CASACION Nº:1873/2005 
Fecha Sentencia31/10/2006 
Ponente Excmo. Sr. D.Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre 


No celebración del juicio a puerta cerrada. No produce vulneración derechos de la menor, que, además no compareció a juicio. 



La STS. 121/2002 de 1.2 recuerda que como establece la STC. 65/92 de 29.4 "la decisión de celebrar el juicio a puerta cerrada supone una excepción del derecho a un juicio publico que reconoce y ampara el art. 24.2 CE, derecho que tiene por finalidad, según tiene declarado este Tribunal -sentencia TC. 96/1997- proteger a las partes frente a una justicia sustraída al conocimiento publico y mantenida la confianza de la comunidad en los Tribunales". 

Una de las máximas garantías del proceso sobre todo en el orden jurisdiccional penal, es el principio de publicidad establecido en los arts. 680 LECrim., 232 LOPJ. y 120 CE, elevándolo el art. 24.2 CE. al rango de derecho fundamental y dicho principio ocupa, sin duda, una posición institucional destacada en el Estado de Derecho y constituye uno de los medios de preservar la confianza en los tribunales (SSTEDH casos Preeto y Axem, ambos de 8.12.83). 

Es cierto que, sin embargo, no se trata de un derecho absoluto por cuanto la interpretación del art. 24.2 CE. ha de hacerse a partir de su art. 10.2, de acuerdo con los Tratados Internacionales y todos ellos son coincidentes -como expresó la STC 62/82 de 15.10-, en reconocer el derecho, pero también sus limitaciones. Del art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y art. 6.1 Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, se deduce que el derecho a un juicio público y en concreto, el acceso del publico y de la prensa a la Sala de audiencia, durante la celebración del juicio oral, puede ser limitado o excluido, entre otras, por razones de orden público justificadas en una sociedad democrática que estén previstas en las Leyes. Así lo ha declarado igualmente el Tribunal Constitucional en reiteradas decisiones -ATC. 96/81 y SS. 61/82, 96/87, 176/88), confirmando la validez de las excepciones al principio de publicidad del proceso establecidas en el art. 232 LOPJ. y en el art. 680 LECrim. entre otros, cuando así lo exijan razones de moralidad o de orden publico o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o su familia. La moral como limite de la publicidad ha sido constitucionalmente reconocida (STC. 62/82) y figura entre las previstas en el art. 6.1 del Convenio, así como los intereses de la justicia. 

Se trata -nos dice la STS. 651/2000 de 5.4- de encontrar un razonable equilibrio, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, en los casos de conflicto entre derechos fundamentales como son, de una parte, los del acusado, a un proceso con todas las garantías, y, por otra, los que tiene la víctima a la intimidad personal y a la seguridad e, incluso, a la integridad física y moral (arts. 18, 17, 15 CE), conflicto que alcanza su máxima tensión precisamente cuando es un menor el que ha sufrido agresiones sexuales, y todo ello con la finalidad de evitar, en lo posible, lo que se ha llamado segunda victimización o plus de afectividad causados a la menor por el propio procedimiento judicial, del que se han hecho eco en los últimos tiempos las más variadas instancias institucionales y sociales. 

La necesidad de proporcionar a los menores de 18 años, de ambos sexos, una protección especial en todos los aspectos, lo proclaman de consuno la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño de 20.11.89, ratificada por España el 30.11.90 y la Carta Europea de Derechos del Niño, aprobada por la resolución A-301712/92 del Parlamento Europeo que precisa en su Exposición de Motivos que "El niño, en su calidad de ser humano y en su condición de ciudadano de cualquier Estado miembro de la Comunidad, es acreedor de todos los derechos reconocidos por la Convención Europea de los Derechos del Hombre y las Constituciones Nacionales", aplicable a España no solo por la norma general del art. 96 CE sino por la específica del art. 39.4 de la misma. Por su parte la Comisión de los Derechos de la Mujer reclamaba en su reunión de los días 30 y 31.10.90, prioridad absoluta sobre los problemas de toda índole de las agresiones sexuales, físicas y psíquicas, cometidas contra niños. 

Nuestro ordenamiento constitucional ha tenido un importante desarrollo en esa materia consecuente con el mandato del art. 39 CE, que consagra como principio rector de la política social la protección del menor y que, como todos los del Capitulo Tercero del Titulo Preliminar, , informará la práctica judicial conforme al art. 53.3 CE. Entre las leyes de desarrollo constitucionales destacan, como recuerda la Sentencia de esta Sala 899/1999 de 2 de junio, la L.O. 1/96, de 15 de enero, "en la que se postula como principios rectores en la actuación de las Administraciones públicas, entre las que se incluye la Administración de Justicia en lo afectante a la denominada policía de estrados y a la dirección del proceso y del juicio, la supremacía del interés del menor y la prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal (art. 11.2 a) y d)", a lo que se puede añadir que el art. 9.1 párrafo segundo de la misma ley establece que "en los procedimientos judiciales, las comparecencias del menor se realizarán de forma adecuada a su situación y al desarrollo evolutivo de éste, cuidando de preservar su intimidad".

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